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El Consell de Garanties Estatutàries ha tumbado la ley que regula y fija topes en los alquileres impulsada desde el Parlament de Catalunya.

El Consell de Garanties Estatutàries ha emitido un dictamen contra la ley que regula y fija topes en los alquileres impulsada desde el Parlament de Catalunya. El ente entiende que varios artículos no se ajustan ni al Estatut ni a la Constitución por invasión de competencias. El proyecto estaba congelado a la espera del dictamen, decisión que ha sido unánime pero no es vinculante.

Ciudadanos y el Partido Popular llevaron la ley al órgano consultivo, al entender que Generalitat Parlament “no tienen competencias para legislar sobre la materia de vivienda”. En las conclusiones del dictamen se apunta que diversos artículos y disposiciones adicionales de la ley vulneran artículos de la Constitución española y tampoco se encuentra amparo en el Estatut, invadiendo competencias estatales “sobre las bases de las obligaciones contractuales”. Desde la Generalitat se sostenía que no había tal invasión al defender que se amparaban en el Código Civil catalán.

Objetivos

La ley busca limitar alquileres en ciudades de más de 20.000 habitantes

En las conclusiones del dictamen se apunta que once de los quince artículos y siete de las catorce disposiciones de la ley vulneran artículos de la Constitución y tampoco tienen amparo en el Estatut. Entre otros artículos, se ven inconstitucionales los que permiten calcular rentas iniciales, precios de referencia, su actualización, el reparto de gastos, las obras de mejora, obligaciones de información, los regímenes de control y sanciones y el establecimiento de sistemas de resolución judicial o extrajudicial en caso de conflictos.

La ley fue impulsada por Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, los comunes y la CUP, así como el Sindicat de Llogaters y el Departament de Justícia. Con la misma se pretende congelar los precios de los nuevos contratos y rebajar el precio medio de las renovaciones en las ciudades catalanas de más de 20.000 habitantes.

Pero en el primer debate de la ley JxCat introdujo ocho enmiendas pactadas con el Departament de Territori i Sostenibilitat al entender que existía “margen de mejora”, algo que el resto de impulsores criticaron al interpretar que era “una enmienda a la totalidad”, abriendo una disputa entre los diversos socios. Desde la CUP llegaron a afirmar esta semana que se buscaba “boicotear” la ley.

Este mediodía el president de la Generalitat Quim Torra y los grupos impulsores se han reunido para intentar mantener la ley ante el desacuerdo que impera entre los posconvergentes y el resto de actores, en un cónclave que ya estaba previsto antes del dictamen y que no ha desencallado la situación. Esta semana Torra se había mostrado partidario de mantener el texto inicial pactado, sin las enmiendas de JxCat. Pero en el encuentro de hoy la formación ha mantenido sus enmiendas, alargando el choque entre los promotores de la ley, que planeaban aprobarla por lectura única a finales de julio.

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha valorado que la “oportunidad para blindar un acuerdo” y “garantizar el derecho a la vivienda” ahora “está en manos” de JxCat, que aún “está a tiempo de retirar las enmiendas”.

Entre la oposición, Carlos Carrizosa, líder del grupo de Ciudadanos en el Parlament, ha afirmado en Twitter que desde la formación ya se había advertido sobre la falta de amparo legal de lo que calificó como “una mentira preelectoral del Govern populista con Podemos”. Santi Rodríguez, portavoz de los populares en la cámara, ha apuntado con ironía que los artículos y disposiciones señaladas –18– son incluso más de las 17 que anticipó.

El año pasado ya se había impulsado una ley similar a la actual que también fue desaprobada por el Consell de Garanties, pero que no había sido validada en el Parlament. “Tienen la misma finalidad y su contenido es substancialmente coincidente”, se recoge en este sentido en el dictamen conocido este jueves.

 

 

Fuente La Vanguardia

 

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